La gobernanza de datos y las Infraestructuras Públicas Digitales: dos agendas que no podemos pensar por separado
Diana Ramírez – Coordinadora del área de datos, Cepei d.ramirez@cepei.org
Silvana Fumega – Directora, Global Data Barometer silvana@globaldatabarometer.org
Las Infraestructuras Públicas Digitales (DPI por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe están teniendo un papel cada vez más relevante en la transformación digital de los países, el fortalecimiento de la interacción entre el Estado y la ciudadanía, y la generación de valor público. De acuerdo con el Mapa de DPI (DPI Map) para 2026, a nivel mundial existen 70 casos de identidad digital, 102 casos de pagos digitales y 103 de intercambio de datos, y se destaca a América Latina y el Caribe, junto con África y Asia, como una de las regiones donde existe un mayor dinamismo en DPI, desarrollo de pilotos y nuevos casos de uso (IIPP, 2026).
Sin embargo, ante este avance cabe preguntarse: ¿Qué tan preparados están los países de nuestra región en materia de gobernanza de datos para soportar y sostener dichas infraestructuras?
El último reporte del Digital Government Outlook de la OCDE (2026) resalta la importancia de la calidad, disponibilidad y aprovechamiento de datos para el desarrollo y sostenibilidad de las DPI. Teniendo en cuenta que estas infraestructuras facilitan las interacciones y flujos de información entre organizaciones, sistemas y actores, la gobernanza de datos se constituye como un habilitador crítico para garantizar que los datos usados e intercambiados sean confiables, estandarizados, interoperables y gestionados bajo reglas claras.
Por esta razón, desde Global Data Barometer (GDB) y Cepei consideramos que no es posible hablar de DPI sin conectar esta agenda con la gobernanza de datos. Desde nuestro trabajo en gobernanza de datos y en gobernanza digital, hemos encontrado que la promesa de valor de las DPI está altamente determinada por cómo se gestionan los datos que sostienen esas infraestructuras. Esta relación incluye la definición de estándares de interoperabilidad, roles y responsabilidades, mecanismos para compartir e intercambiar datos de manera segura, y capacidades institucionales necesarias para gestionarlos.
Por lo anterior, fortalecer la gobernanza de datos debe ser parte integral de la agenda de desarrollo de las DPI. Para entender mejor la conexión entre ambas agendas, a continuación, analizaremos brevemente tres condiciones habilitantes de la gobernanza de datos particularmente relevantes para el desarrollo y sostenibilidad de las DPI: capacidades de datos, marcos regulatorios y de política pública, y estándares e interoperabilidad.
Ecosistemas de datos y capacidades generales en la región
Para empezar, nos gustaría detenernos a analizar cuál es el estado de avance de los países de la región a nivel de ecosistema de datos (capacidades, gobernanza y disponibilidad de datos). De acuerdo con el Global Data Barometer, América Latina y el Caribe (ALC) tiene una importante heterogeneidad en sus ecosistemas de datos. Mientras Brasil registra el puntaje más alto de la región con 66,85 puntos, El Salvador registra el puntaje más bajo con 23 puntos, evidenciando una brecha cercana a los 44 puntos. En términos generales, la región enfrenta retos en materia de interoperabilidad, reutilización e intercambio de datos.
Esta heterogeneidad es relevante para la agenda de DPI. Una infraestructura de identidad digital, por ejemplo, requiere que distintas instituciones puedan gestionar e intercambiar datos bajo reglas claras, con responsabilidades definidas y capacidades técnicas e institucionales adecuadas. Cuando estas condiciones son débiles, también se reducen las posibilidades de que la infraestructura funcione de manera con[able, segura y sostenible.
Por lo anterior, al momento de definir e implementar hojas de ruta de DPI es necesario considerar estrategias diferenciadas según el punto de partida de cada país en materia de interoperabilidad, reutilización y disponibilidad de datos de calidad. Una misma hoja de ruta no puede aplicarse igual en un país con capacidades de datos consolidadas que en uno que apenas las está construyendo.
Marcos institucionales y regulatorios
Otro elemento a considerar es la regulación y los marcos de políticas públicas. De acuerdo con el último reporte del Global Data Barometer, América Latina y el Caribe ha avanzado en el desarrollo de marcos institucionales y regulatorios de gobernanza de datos, pero persiste una brecha significativa entre estos marcos y su implementación efectiva.
Este hallazgo es especialmente relevante porque a pesar de la existencia de leyes, políticas y regulaciones de protección de datos personales, acceso a la información pública e intercambio de datos, entre otros ámbitos, la existencia de estos marcos no es condición suficiente para garantizar un intercambio de datos efectivo y seguro, necesario para el desarrollo de DPI.
Esta brecha de implementación es considerable para el desarrollo de la agenda de DPI en la región, pues no es suficiente que existan normativas o regulaciones en materia de datos si estas no logran tener una adopción efectiva sea por causas técnicas o institucionales. El desarrollo de un sistema de pagos digitales o de identidad digital requiere marcos normativos que sustenten quién puede acceder a los datos, con qué propósito y bajo qué condiciones; quiénes responden por su gestión y qué mecanismos de rendición de cuentas existen. Cuando un país carece de la aplicación efectiva de la ley de protección de datos personales o de gobernanza de datos, estas condiciones pueden aumentar la vulneración de derechos y generar incertidumbre sobre el uso e intercambio de datos necesarios para el despliegue y desarrollo de esas infraestructuras. En este sentido, los marcos deben adoptarse y actualizarse para responder a los retos concretos de diseño e implementación de las DPI.
Estándares e Interoperabilidad
Un tercer elemento fundamental es la interoperabilidad. De acuerdo con la OCDE, los siete países de ALC analizados en 2024 habían adoptado marcos de interoperabilidad, pero solo dos tenían implementados marcos de gestión de metadatos y registros base, elementos fundamentales para garantizar una interoperabilidad efectiva.
Por otra parte, el último reporte del Digital Government Outlook 2026 de la OCDE muestra que en 30 de los 36 países evaluados existen plataformas técnicas compartidas, pero de estos países solo 23 reportan un uso generalizado de estos sistemas en más de 50% de las entidades gubernamentales. Esto indica que no solamente se trata de un asunto de infraestructura, sino de capacidades, estándares y sostenibilidad que permitan una adopción consistente en el mediano plazo.
A nivel regional, los resultados del Global Data Barometer apuntan a una dirección similar.
En América Latina y el Caribe, 14 de los 16 países evaluados con información disponible reportan marcos de interoperabilidad para el intercambio de datos. Sin embargo, la medición también identifica que muchos países de la región carecen de infraestructura semántica y estándares comunes que permitan conectar información de diferentes instituciones y dominios. Asimismo, los datos sobre integridad pública revelan una muy baja interoperabilidad entre conjuntos de datos como declaraciones de patrimonio, financiación política e información empresarial.
Este hallazgo general sobre interoperabilidad es especialmente significativo si se considera que uno de los principios de las DPI debe ser la interoperabilidad y la adopción de estándares comunes. No garantizar la adopción de estándares y capacidades técnicas, semánticas e institucionales, aumenta el riesgo de que las DPI continúen enfrentando barreras de intercambio y acceso a los datos, y no logren garantizar su promesa de valor.

DPI Y GOBERNANZA DE DATOS
Una agenda que debe avanzar de manera conjunta
El avance de las DPI en América Latina y el Caribe abre una oportunidad importante para mejorar la provisión de servicios y generar valor público. Pero construir infraestructura no alcanza. Los datos que circulan a través de estas infraestructuras necesitan instituciones capaces de gestionarlos, reglas que efectivamente se implementen y estándares que permitan conectarlos. Los resultados muestran, además, que los países de la región parten de condiciones muy diferentes. Mientras existen avances importantes en la adopción de marcos y políticas, persisten brechas en capacidades, implementación e interoperabilidad.
Por eso, la gobernanza de datos no debería pensarse como una agenda paralela a las DPI ni como una capa que se agrega una vez desarrollada la infraestructura. En términos prácticos, esto significa al menos tres cosas:
- Posicionar la gobernanza de datos como un asunto crítico en todas las fases de las DPI.
- Desarrollar soluciones de DPI que estén acordes con el nivel de madurez de capacidades de datos de los países.
- Avanzar de manera articulada en los marcos regulatorios, los mecanismos de intercambio de datos, la definición de responsabilidades institucionales y los estándares necesarios para garantizar la interoperabilidad.
Pensar ambas agendas de manera conjunta permitiría pasar de una discusión centrada en qué infraestructuras construir a otra igualmente importante: qué capacidades, reglas y estándares de datos necesitamos para que esas infraestructuras generen valor público de manera sostenible.
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